Desde el lunes, los docentes deberán darle el presente a Rolando Figueroa
En un tiempo récord, el gobernador hizo aprobar y promulgó la Ley que promete terminar con el ausentismo docente en las aulas. La causa Mapuche, sus líderes “gordos o desgastados”, el reclamo en Loma La Lata y el fantasma de la aparición de un Jones Huala neuquino.
En menos de lo que canta un gallo, Rolando Figueroa, obtuvo la Ley con la cual intentará poner en caja a los docentes “faltadores”. La nueva herramienta le permitirá bajar el costo de 100 millones de dólares que, anualmente, le insume al Estado financiar al segmento docente bajo licencia por enfermedad o que se ausentan de las aulas al amparo de beneficios que dictan distintos artículos que forman parte del vínculo laboral.
La norma, parida a instancias del diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez, es el primer eslabón de una serie de medidas con las cuales el gobierno pretende “arrancar” de raíz el problema del ausentismo en las aulas.
Los días y dólares perdidos
De los 100 millones de dólares que anualmente se abonan en concepto de ausentismo y suplencias, el 30 por ciento se debe a personas que presentaron certificados médicos o bajo tratamiento psicológico prolongado. De la última franja hay un porcentaje importante que tienen justificada su no asistencia, pero el resto que ocupa el 70 por ciento restante está en una gran nebulosa y es en donde el gobierno de Figueroa ha puesto el foco.
Apuesta fuerte el mandatario neuquino a ordenar una de las responsabilidades del Estado que mayor críticas cosecha de parte de la sociedad.
Mete mano Figueroa en lo más profundo de la burocracia administrativa del actual sistema educativo provincial para comenzar a saldar viejas deudas pendientes con la sociedad neuquina.
El respaldo del MPN
La Ley de incentivo a la presencialidad en las aulas, fue aprobada la semana que finaliza y su recorrido, desde que ingresó a la cámara y bajó al recinto, fue en tiempo récord.
En honor a la inmediatez exhibida por los legisladores, el gobernador de la provincia promulgó la norma el viernes a la noche y comenzará a ser aplicada a partir del primer día del mes de julio.
Una señal inequívoca del entendimiento alcanzado con los legisladores del bloque del MPN y el resto de las bancadas aliadas que acompañaron la aprobación de dicha Ley.
Cuando todos imaginaban cierta demora en la aplicación de la normativa, Figueroa sorprendió con el trámite administrativo expreso que permitió la promulgación inmediata.
Un síntoma del cambio que lidera desde el sillón principal de Casa de Gobierno pero que aún no se sabe si los mandos altos y medios del ministerio de Educación podrán aplicar en toda su dimensión.
Duelo entre cristinistas
De las declaraciones realizadas por la dirigencia de ATEN Provincia se desprende que las relaciones con la ministra del área, Soledad Martínez, se habrán enfriado. El distanciamiento sería tal que desde hace algunos días circulan mensajes, ya capturas de pantalla, en los grupos de WhatsApp del gremio y de integrantes del Consejo Provincial de Educación, en los que se hace mención a irregularidades cometidas por algunos funcionarios y funcionarias de la cartera educativa, directamente relacionadas a la ministra.
Toda una declaración de guerra, entre referentes que supieron retroalimentar su pertenencia al “cristinismo”.
El lunes comienza a regir la Ley de Incentivo a la presencialidad docente y los maestros nucleados en ATEN deliberarán en asamblea cómo continuarán su repudio y resistencia a la medida impuesta.
Seguridad, el próximo capítulo del gobierno
Mientras avanza en la reformulación del sistema educativo, Figueroa también pone el foco en otro tema que es prioritario para el conjunto de la sociedad.
La semana que se inicia surgirán novedades importantes en materia de seguridad. El martes se inaugurarán dos postas policiales, una de ellas con la división tránsito de Plottier.
También en la agenda del ministro de Seguridad, Matias Nicolini, figura una reunión de trabajo con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal General, José Gerez.
En las últimas semanas asomo un tema de sumo interés para el gobierno de la provincia y para las compañías petroleras que operan en Vaca Muerta.
Ruidos, sospechas y temores
El bloque a la entrada y salida del yacimiento de YPF en Loma La Lata realizado por la comunidad mapuche Painemil, estuvo en boca de todos y llevó preocupación incluso a referentes del Ministerio de Seguridad de Nación, que operan en Vaca Muerta.
El informe de los delegados de la ministra, Patricia Bullrich, en comisión en Corrientes por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, da cuenta del nivel de “irracionalidad” del reclamo.
La protesta que mantuvo “secuestrados” a más de 300 operarios y operarias de empresas que operan en Loma La Lata, se debió a una exigencia a YPF para que cumpliera con el aprovisionamiento de Gas Licuado Propano, en una vivienda propiedad de los Painemil.
Una medida similar en cualquier barrio carenciado de la ciudad capitalina o de alguna otra localidad, hubiera terminado con los manifestantes detenidos y procesados por la justicia.
En el caso del piquete, “secuestro” incluido de trabajadores, de los Painemil hasta el momento la Justicia no ha dado cuenta de su intervención y a cuantas personas ha procesado.
Recaen las responsabilidades, según dicen, sobre alguna mala praxis administrativa en el circuito de responsabilidades de la compañía petrolera, pero también comienza a crecer la preocupación en el sector empresario por el regreso de “tiempos violentos” que se creían superados.
Los ojos puestos en Tratayen
Esta última semana el conflicto estuvo en Loma La Lata, pero todo el mundo Vaca Muerta observa con atención a Tratayen, como el escenario “bélico” elegido por los “autoproclamados” mapuches que, sin tener reconocimiento como tales, se arrogan la propiedad de gran parte del territorio por donde deberá pasar el gasoducto Vaca Muerta Sur, desprendimiento del Nestor Kirchner cuya extensión llegará a inmediaciones de Viedma, capital de la provincia de Río Negro.
Gerentes y operadores territoriales de las operadoras con intereses en Vaca Muerta, confían en la mano férrea del gobernador, Rolando Figueroa, pero observan con mucha atención los movimientos y gestos de los funcionarios provinciales encargados de “lidiar” con la problemática mapuche.
La situación también ha sido observada por integrantes del TSJ y el ministerio de Seguridad de la provincia.
Las dudas serían saldadas en el devenir de las próximas semanas y no sería extraño que en la mesa de discusión se siente algún o alguna representante del gobierno nacional.
“La protesta de Loma La Lata de esta semana, es un ejemplo de que en el ámbito de la convivencia entre las comunidades mapuches no existe liderazgo ni conducción legitimada por la mayoría de sus componentes”, indicó una de las fuentes consultadas con fuertes vínculos en el ámbito judicial y con contactos fluidos con los principales actores de Vaca Muerta, incluida la dirigencia Mapuche.
¿Conducción mapuche en crisis?
“Hoy, nadie garantiza la seguridad de las inversiones locales ni extranjeras. Lo de Loma La Lata, es el ejemplo de lo que estamos visualizando. Si las empresas y los gobiernos continúan cediendo a los reclamos de cada agrupación, indirectamente e inconscientemente, se está alimentando el crecimiento de liderazgos nuevos, hoy ocultos”, advirtió.
“Así como en nuestra sociedad hemos dado lugar al recambio dirigencial en nuevas generaciones, entre los hermanos Mapuches puede que esté sucediendo lo mismo. Hoy, ceder a los aprietes, quizás sea estar alentando la proliferación de esa dirigencia que aún no asoma en territorio pero que está haciendo sentir toda su violencia y desprecio por el otro”, concluyó.
Tratayen se entiende como el punto estratégico en el que mapuches, conocidos y no reconocidos, irán por su “parte”. Las compañías operadoras hacen números y sacan conclusiones. Hasta el momento la convivencia ha resultado a fuerza de contratos leoninos y el goteo de miles de dólares mensuales.
Los reclamos y las “malas lenguas”
De ello dan cuenta los “huincas” lugareños que en el boca a boca no dejan de repetir el cambio de vida que han tenido algunos “vecinos auto percibidos mapuches” que “de la noche a la mañana, andan en vehículos cero kilómetros y hablan en la lengua originaria de corrido”. Todo absolutamente legal y bajo reconocimiento de la mayoría de las operadoras que, al margen de lo aconsejado por las autoridades provinciales, hicieron pactos privados de manera que los “reclamos territoriales”, justificados o no, no interrumpieron la extracción y traslado del gas y petróleo de Vaca Muerta.
El cambio de época también obliga a tomar medidas con responsabilidad allanándose a lo que dictan las leyes.
Solo resta saber quién es quién en este entramado de intereses; o si, en definitiva, todos son parte de un mismo negocio.
